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El papel de las instituciones

En las crisis generalizadas y graves como la que venimos analizando comenzada en 2007/2008, todo tiene importancia. No hay causas únicas ni simples, es una acumulación e interrelación de elementos los que las desencadenan, las alargan y las amplifican. Sugerimos en este post que dichas crisis podrían equiparase a las catástrofes naturales, no tanto porque procedan de la naturaleza, como la erupción de un volcán, como porque son difíciles de detener y de resolver y porque sus consecuencias sobre el bien común necesitan de medidas especiales en favor de los damnificados. Indicamos también que la estructura institucional de un país puede contribuir y afectar negativamente al desarrollo de las crisis.

(Imagen del principio tomada de CONTRALÍNEA.com. mx)  

(Imagen tomada del informe de la FAO http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/11/29/mapa-de-desastres-naturales-en-el-mundo)

Las crisis como “catástrofes naturales”

Poco a poco vamos sacando conclusiones de lo ocurrido con la crisis en términos de deterioro del bien común. En el caso de España porcentajes altos de la población han sufrido intensamente y siguen sufriendo. La crisis entre nosotros ha sido más larga y profunda que en otros países, en parte por unas políticas de actuación erráticas, aunque hay muchos más elementos presentes en la crisis y en su desarrollo.

Una primera conclusión a la que hemos hecho referencia ya en posts anteriores es que las crisis económicas con sus consecuencias negativas de todo tipo son como “catástrofes naturales”, cuando empiezan no se sabe cómo detenerlas, y como en el caso de un terremoto o una inundación, hay muchas personas inocentes afectadas fatalmente.

Es verdad que la denominación “catástrofe natural” se reserva a desastres procedentes de la naturaleza en las que los hombres no participan, pero lo de “natural” puede relacionarse también con la aparición espontánea y con la imposibilidad de control, como hacemos aquí. No es la naturaleza la que causa las crisis económicas y sociales que estamos analizando, eso está claro, pero en este trabajo hacemos un símil con las naturales. Ambas son “catástrofes”.

En las crisis las únicas actuaciones efectivas parecen ser las de suavizar su alcance cuando se desencadenan actuando rápidamente, y, especialmente, las de disponer de mecanismos y medidas reparadores de los perjuicios causados.

No es que pretendamos escamotear las responsabilidades, personales o institucionales, o desertar del análisis de la última gran crisis y de la posibilidad de aprender de ella, pero para alguien que observara desde fuera lo ocurrido, la interpretación sería la de una “catástrofe”. El sistema que hemos creado y del que vivimos todos se hunde periódicamente produciendo deterioros del bien común inaceptables sin que podamos hacer mucho al respecto.

Implicación de todas las instituciones en la ocurrencia de las crisis y en su desarrollo

Hay países que lo han hecho mejor que otros en la última crisis y hay otros con mejores colchones amortiguadores. El caso de Noruega que utilizamos al principio de esta serie de posts sería un ejemplo de los segundos. Con un fondo soberano de inversión de más de 800.000 millones de Euros y una población de poco más de 5 millones de personas, no es extraño que la salida de la crisis haya sido fácil y su impacto en el bien común mínimo.

Estados Unidos sería un ejemplo de los primeros ya que el Fondo Federal de Reserva puso en el mercado cantidades ingentes de dinero y la recesión sólo duró un año.

Pero llegados a ese punto nos damos cuenta de que es necesario ampliar la visión de conjunto de nuestro estudio. Todas las instituciones de un país están relacionadas con el desarrollo de las crisis de una forma o de otra.

La estructura institucional del país en su conjunto tiene que ser tenida en cuenta y si existen problemas no resueltos en ella no es extraño que sea más difícil enfrentarse a las crisis económicas y a cualquier otro tipo de crisis.

Las instituciones pueden contribuir al alargamiento y a la no solución de las crisis, por un lado, y son afectadas por ellas, por otro, sobre todo si son instituciones débiles y funcionan mal.

A esa cuestión nos referiremos enseguida, pero antes debemos fijarnos también en otra dimensión de nuestro sistema socio-económico-político-institucional. Se trata de que el poder de los gobiernos en las democracias representativas o liberales actuales es limitado. Nuestras sociedades son una mezcla de libertad y orden, o de iniciativa personal y autoritarismo, y continuamente reclamamos ambas. Con la particularidad de que frecuentemente esas dos características son incompatibles si se aplican con extremismo.

Limitaciones de los gobiernos en cuanto a solución de las crisis

Un ejemplo nos permitirá explicar lo que queremos decir. La segunda recesión de la que hemos hablado en posts anteriores fue en gran manera causada por la deuda acumulada en el país. En 2012 la deuda pública española alcanzó la cifra de 890.726 millones de euros y supuso un 85,70 % del PIB de ese año, pero la deuda privada hizo que el total de deuda del país superara el 300 % del PIB.

De esa deuda total un porcentaje elevado está en manos de bancos o inversores extranjeros, es decir, no residentes en el país.

Sin prestar atención a quien son los poseedores de la deuda, la situación en 2012, como decimos, era la siguiente: deuda pública 16%; familias 21 %; empresas 31 %; bancos 32 %.

El Gobierno en el caso concreto de España puede tener algún control sobre la deuda pública y por razones de seguridad sobre la deuda de los bancos, pero no tiene excesivo control sobre los otros dos sectores, empresas y familias, cuyas partes representan porcentajes importantes de la deuda total. Un gobierno no puede impedir el endeudamiento de las familias y de las empresas, sólo puede actuar indirectamente sobre ello. Por ejemplo, y tal como ocurre ahora, imponiendo a los bancos normas estrictas para la concesión de los créditos o haciendo subir los tipos de interés. Aunque esto último en el caso de la Eurozona no corresponde a los bancos o gobiernos de los distintos países, corresponde al BCE.

No funcionamiento de las leyes económicas

Es decir, los gobiernos no son omnipotentes en nuestras democracias y no tienen control sobre todas las actividades. Si la gente no quiere consumir, y las empresas no quieren invertir, no se puede hacer mucho al respecto. La teoría económica nos dice que el consumo aumenta cuando aumenta la renta disponible de las familias y de la misma forma la inversión aumenta cuando los tipos de interés son bajos, pero en épocas de crisis suelen no funcionar las leyes económicas.

Desde un punto de vista macroeconómico, se sabe también que cuando no existe demanda de bienes y servicios en la sociedad los gobiernos deben gastar en obra pública y de todo tipo para hacer que la actividad económica vuelva a ponerse en marcha. En España no ha funcionado tampoco esta receta, aparte, claro está, de la austeridad de la que ya hemos dado cuenta, a la que se ha visto obligado el Gobierno con el objetivo de reducir el gasto público y controlar la deuda.

Independientemente de la labor del Gobierno, existen también las leyes, el sistema de justicia, las instituciones reguladoras, las agencias de la administración y muchas otras estructuras institucionales responsables de que las cosas funcionen adecuadamente, pero, tampoco éstas han podido hacer mucho en los años de crisis.

Y además, no debemos engañarnos, la democracia está hecha para demócratas, el sistema de justicia para personas justas y el mercado para personas respetuosas con sus leyes. Si hay gente que no se comporta adecuadamente en relación con esos mecanismos de nuestras sociedades el sistema no funciona.

El papel de las instituciones

Las instituciones, por otra parte, deben funcionar ellas mismas por su propia dinámica y si no lo hacen no se pueden esperar resultados favorables para todos.

De ahí viene también, y en parte, la crisis: del no funcionamiento de las instituciones y de los que no respetan las leyes de funcionamiento de nuestro sistema y son trasgresores, por no decir delincuentes.

Hay una entrada en Wikipedia, Crisis española de 2008-actualidad, que se refiere a las instituciones españolas y a su deficiente funcionamiento. Recoge un titular de un editorial del Financial Time del 4 de febrero de 2013, en el que afirmaba que en España, mientras todavía permanece la crisis económica, la mayoría de las «instituciones, desde la monarquía hasta la justicia, muestran síntomas de putrefacción»

Sólo los ingleses son capaces de utilizar estos términos para referirse a España​, pero lo cierto es que con la crisis han salido a la luz pública muchos casos de mal funcionamiento de nuestras instituciones.

Para empezar dependemos de una constitución aprobada en 1978, modificada ligeramente desde entonces en dos ocasiones, que probablemente necesite actualizaciones importantes.

La Organización Territorial del Estado en forma de Comunidades Autónomas es fuente de problemas graves que parecen no tener fin. Las fuerzas centrífugas y centrípetas están siempre activas y nadie sabe cuál será el final.

Desde un punto de vista propiamente institucional el Congreso de los Diputados está formado por representantes de los distintos partidos políticos votados en listas cerradas confeccionadas por los propios partidos. Existe lo que se llama “iniciativa legislativa popular” a través de la que los ciudadanos directamente pueden hacer propuestas, pero no resulta muy válida.

Otras instituciones y sus problemas

El Senado como segunda cámara de representantes es de poca utilidad y hay planes para reformarlo y hacerlo una cámara de representación territorial.

El sistema d´Hont en el que se basa nuestro sistema electoral a la hora de los cálculos matemáticos para determinar los representantes de cada partido en el Congreso, es perjudicial para los partidos de ámbito nacional con pocos votos y muy favorable para los partidos de ámbito regional o autonómico.

La separación de poderes dista mucha de ser una realidad pues aunque los cuatro poderes hoy existentes, incluyendo los medios de comunicación públicos, son autónomos en su funcionamiento, sus miembros son elegidos por el Poder Político (Ejecutivo o Legislativo).

La corrupción en general, la corrupción de los partidos y la financiación de estos con frecuentes casos de condonación de deudas por parte de los bancos, son irregularidades que pesan sobre el país.

Arbitrariedades en las actuaciones y exceso de políticos

Las arbitrariedades de los gobiernos en cuanto a indultos, frecuentes hasta cierto punto, e inexplicables en muchas ocasiones, son mal aceptadas por la sociedad.

El clientelismo político y las llamadas “puertas giratorias” son otras anomalías frecuentes y, al parecer, sin solución.

En cuanto a los políticos en sí mismos, en España son una profesión. Sus condiciones son muy favorables en lo relativo a remuneración y, especialmente en lo relativo a jubilación. El numero de políticos, por otra parte, es muy elevado en términos absolutos y en términos relativos en comparación con otros países cercanos.

Es difícil dar una cifra definitiva pero de acuerdo con ciertos cálculos son más de 400.000 los políticos que viven del erario público. Parece además que somos el país de la UE con mas políticos y que duplicamos a los del segundo país por numero de políticos que es Italia

Problemas diversos con ciertas instituciones

La Iglesia Católica y la Monarquía, dos de las instituciones mas respetables, se han visto metidas en problemas, como por ejemplo el no pago del IBI de los edificios de la primera y el juicio y condena del yerno del anterior monarca, en el de la segunda.

El país tiene además problemas graves con el sistema educativo, que funciona mal, y con su financiación, cada vez más complicada debido al enorme número y dispersión de las universidades públicas.

En el sector inmobiliario hay problemas graves también, tanto por la cantidad de viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de los bancos, como por las duras leyes existentes sobre hipotecas que con frecuencia llevan al desahucio. Además de los abusos de los bancos en la concesión de hipotecas sobre los cuales están actuando las autoridades judiciales en la actualidad.

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Doctor Ingeniero del ICAI y Catedrático de Economía Aplicada, Adolfo Castilla es también Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por Wharton School, Master en Ingeniería de Sistemas e Investigación Operativa por Moore School (Universidad de Pennsylvania). En la actualidad es asimismo Presidente de AESPLAN, Presidente del Capítulo Español de la World Future Society, Miembro del Alto Consejo Consultivo del Instituto de la Ingeniería de España, Profesor de Dirección Estratégica de la Empresa en CEPADE y en la Universidad Antonio de Nebrija.
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